En ambas áreas, lo esencial es que permanecen desenganchadas de cualquier proyecto global que centralice y oriente sus esfuerzos y recursos. Un ministerio nacional de educación que aumenta anualmente su presupuesto pero que no tiene escuelas a su cargo equivale concretamente a que éstas deban desarrollarse apoyadas permanentemente por cooperadoras o sobrevivir apenas con lo que las administraciones provinciales destinen para ellas. Este cuadro de situación se traduce inexorablemente en grados de desigualdad geográfica que acentúan las desigualdades sociales manteniendo la idea de un país de dos pisos.

Un ministerio nacional de salud casi sin hospitales produce idéntico resultado, el que se dimensiona fácilmente cuando cada madrugada, y en cualquier ciudad argentina, vemos a decenas de personas haciendo cola frente a establecimientos sanitarios estatales para pedir un turno y ser atendidas. Éste hecho tiene otra arista que demuestra hasta que punto es perversa la desigualdad: quienes menos tienen gastan el 11% de sus recursos a atender sus necesidades de salud, mientras que los sectores pudientes solo destinan a tal fin un 6% de sus ingresos; ya de por si esto es grave pero además hay que subrayar que las calidades de los servicios a los que acceden ricos y pobres son absolutamente distintos.

En Córdoba hemos sido testigos muchas veces de como directivas importantes de la Nación terminaron naufragando o subejecutadas porque el ministerio local respectivo era incapaz de llevarlas adelante o las ignoraba por motivos político-ideológicos. En educación, por ejemplo, todas las propuestas sobre adultos o incluso el Plan de Alfabetización encontraron más eco por abajo que en la cúpula ministerial que insistentemente retaceó los fondos para llevarlos a cabo. En salud, un ministro adicto a las directivas eclesiales y a las necesidades del mercado sanitario privado obturó cualquier iniciativa nacional orientada hacia la planificación familiar. En vivienda, las desavenencias entre los gobernantes desembocaron en que en gran parte de estos años los planes de construcción social llegaran en cuentagotas y de manera ineficiente e ineficaz para saldar este enorme problema.

El grado de falta de coordinación entre administraciones no solo es nefasto a la hora de optimizar esfuerzos sino que determina también la abundancia de situaciones ridículas, como por ejemplo el almacenamiento de DIUs y medicamentos varios hasta su vencimiento en galpones olvidados, la construcción de hospitales a los cuales tardan años en completarles el equipamiento básico, o tomógrafos entregados por Nación que duermen por meses en depósitos porque las autoridades locales no terminaron de construirle un espacio físico o no realizaron a tiempo el entrenamiento de los profesionales que los deben hacer funcionar.

Queda claro así que la descentralización noventista, presentada en su momento como la piedra basal del federalismo terminó siendo una losa sobre cualquier atisbo de equidad, pero también desnuda lo poco que se ha hecho en estos años para desarmar este esquema, ya que el mismo es el que actualmente está vigente, produciendo aún una larga cadena de efectos negativos.

Imaginemos por un instante que si la asignación universal por hijo ha sido capaz de causar un impacto muy positivo sobre la matrícula, cuánto más se podría hacer si universalizaramos políticas educativas desde la Nación, llevándolas a cada rincón del país en igualdad de condiciones y apoyadas por idénticos recursos. Al salto en cantidad producto de la AUH le sumaríamos un salto en calidad que en pocos años cambiaría radicalmente el mapa redistributivo nacional.

Por otra parte en lo laboral – previsional pasa algo similar y que bien podría reducirse también a la idea de que el tercio de los ingresos solo puede engordarse apretando sobre los dos tercios restantes ¿Por qué? Porque los datos son contundentes cuando los traducimos a porcentajes: el 70% de los jubilados vive con la mínima ($1050) – el 70% de los trabajadores en blanco cobra el salario mínimo ($1850) – el 70% de los establecimientos fabriles y de servicios tiene a sus empleados sin cobertura sindical. Los tres hechos está conectados entre si profundamente ya que es difícil pensar en mínimas jubilatorias más elevadas si el grueso de los trabajadores en actividad cobran tan poco, y es imposible sostener un modelo salarial más justo sin el control y la presión de los propios trabajadores a través de organizaciones gremiales. que combatan el negreo y los contratos basura. Esta situación es de aquellas que se denominan estructurales y que en gran medida son una herencia cuyas bases fueron construidas a partir del golpe del 76 y luego continuadas con distintas leyes “democraticas” de flexibilización laboral obtenidas mediante diputruchos o banelcos.

Si queremos ir por ese “50 y 50″, tomar como urgentes algunos de estos temas es crucial, lo eran hace 7 años atrás y hoy se transforman en prioritarios; pero la verdad y a la vista de lo sucedido en el debate en diputados sobre el 82% móvil, es difícil imaginar a los oficialistas -que se negaron a estudiar siquiera la posibilidad de restituir los aportes patronales como forma de financiar al sistema de previsión- y menos aún a la oposición de derecha -que participó alegremente de la instauración noventista del modelo- avanzar sobre cuestiones que para el “sentido común” impuesto por el capital, son el santo grial de la seguridad jurídica y de la presencia de sus inversiones en el país porque habilitan tasas de ganancia importantes con muy poco esfuerzo relativo.

Fuente: La Runfla de Rufianes