Está comprobado que la información que trae el New York Times los domingos es mucha más que la información que recibía un hombre de principios del siglo veinte en toda su vida.

Carlos Gabetta (1)

Por Gabriela Cabus | columnistas@cbanoticias.net

Noventa años han pasado desde aquel 27 de agosto en que “los locos de la azotea” largaron las primeras ondas sonoras a surcar el espacio radioeléctrico argentino con la ópera Pársifal, transmitida desde el teatro Coliseo de la Capital Federal.

Han pasado 83 años desde que LV2 surgió como la primera emisora cordobesa, y hace más de cincuenta años llegó la televisión agregándole al sonido, la imagen que hasta entonces sólo existía en las pantallas del cine o en las fotografías blanco y negro.

Después apareció la computadora, y nos parece lo más normal del mundo la transmisión del sonido y la imagen en tiempo real y diversificada para cada usuario particular.

Hoy, en nuestra computadora podemos ver cine, escuchar música y radio, ver televisión, escribir, mandar imágenes, hablar por teléfono, chatear, etc.

Es evidente que muchas cosas cambiaron con las nuevas tecnologías. Sin embargo, una cuestión se mantuvo sin cambiar a lo largo de 89 años: la radiodifusión siempre fue un gran negocio en nuestro país.

En 1980 la dictadura protegió y apuntaló ese negocio, garantizándolo en la letra de la ley 22.285: “sólo podrán ser titulares de licencias de radiodifusión las entidades con fines de lucro”.

Llegamos a este 90 aniversario de la radiodifusión en la Argentina con una nueva ley que cumplirá un año el próximo diez de octubre, surgida del trabajo paciente y metódico de más de 300 organizaciones reunidas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

La segmentación del espectro que establece la nueva ley abre la puerta a un camino de democratización de las comunicaciones en nuestro país.

Podría decirse que ese reparto en tercios de las frecuencias posibilita que una parte de la radiodifusión pueda seguir siendo un negocio, pero que otra parte sea un servicio público garantizado por el Estado, y una tercera parte del espectro radioeléctrico sea ocupada por la sociedad civil y sus organizaciones.

¿Qué ha pasado durante este año en esos tres sectores?

El sector privado, como era previsible, luego de ganar tiempo con recursos de amparo sin ninguna probabilidad de éxito, está buscando la manera de reconvertir sus monopolios y cadenas multimediáticas. A la luz de nuestra historia, esto no debería sorprendernos.

Ahora bien: ¿los sectores comunitarios y estatales se muestran entusiasmados con trasponer esa puerta democratizadora que se abrió con la nueva ley?

Parece que las organizaciones sin fines de lucro han comenzado a avanzar, no sin grandes dificultades económicas y de financiamiento, en ocupar el espacio que les toca. Ejemplo de ello son las emisoras de FM surgidas en la seccional quinta o en Barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, junto a otras interesantes experiencias en el interior provincial.

Sin embargo, poco o ningún movimiento se advierte desde el sector público.

La ley establece que el Estado nacional se reservará la cantidad de licencias necesarias para las emisoras estatales agrupadas en RTA S.E.; también para cada Estado provincial se reserva una frecuencia de AM, una frecuencia de FM y una frecuencia de televisión abierta con sus respectivas repetidoras para cubrir la totalidad del territorio de la provincia; además para cada municipio se reserva una frecuencia de FM.

Esta es la ley, vamos a la vida

En Córdoba no tenemos Canal 7 por aire (excepto algunas localidades del valle de traslasierra); a pesar de que esta señal se mantiene con los impuestos que pagamos todos los argentinos y argentinas de Ushuaia a La Quiaca, sólo algunos de sus programas se pueden ver a través de la pantalla del canal universitario cordobés.

Radio Nacional, completamente desfinanciada, es prácticamente imposible de escuchar en el centro de la ciudad y llega solo a algunas regiones del interior provincial, dependiendo del clima y sin que medien cortes de luz o tormentas. A pesar de años de promesas incumplidas, continúa con su transmisor a válvulas y sin equipo de FM.

Pero vamos al estado provincial: ningún movimiento se vislumbra hacia el establecimiento de una radio o canal de televisión público. Sin embargo la provincia invierte millones en publicidad en los medios privados.

En los municipios sucede lo mismo que en el ámbito provincial: no se advierte acción alguna tendiente a avanzar en la instalación de emisoras públicas.

Sin dudas, cambiar la lógica comercial de la radiodifusión va a llevar tiempo, pero ese tiempo se alargará hasta el infinito si los estados no afrontan el desafío de llenar de opciones el espacio del espectro que les asigna la ley.

Como ciudadanos debemos exigir que existan medios estatales (no gubernamentales y oficialistas por naturaleza) que garanticen nuestro derecho a contar con una mirada de la realidad elaborada desde el interés público y no solamente desde el interés privado.

Así como se logró el establecimiento de la educación y la salud públicas en nuestro país, la importancia que han adquirido los medios de comunicación en la actualidad requiere que reclamemos el desarrollo de medios públicos como un derecho social que, desde hace casi un año, nos corresponde por ley.

Todavía estamos frente al umbral de una radiodifusión plural y democrática. No debería haber demoras para dar ese paso desde los respectivos ámbitos estatales… o alguien podría pensar (de mal pensados que somos) que, esta vez por inacción, se sigue protegiendo el negocio que la letra de la ley ya no protege.

Dicen que no hay mal que dure cien años. Nos quedan diez para llegar al centenario de la radiodifusión argentina. Ojalá los aprovechemos para ir logrando que la democracia y la pluralidad informativa sean un derecho garantizado en la vida y no solamente en la ley.

(1) Director de la edición Cono sur de Le Monde diplomatique, Conferencia “El periodismo y la Crisis de Poder”, Córdoba, año 2000.

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