Por Esteban Torino y Nicolás Siadis
(CbaNoticias) Mañana viernes 2 de julio comenzará el proceso judicial conocido como “Causa Videla” ex UP1, donde se juzga el asesinato de 32 detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº1 San Martín durante la última dictadura militar. El desarrollo de la causa tendrá lugar en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba y serán juzgados, además de otros 23 imputados, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
También formará parte del proceso la llamada causa “Menéndez” ex Gontero, que había quedado excluida del juicio realizado el año pasado contra Menéndez e integrantes de la D2. Esta causa que se unificó a la UP1, reúne la investigación por el secuestro y tortura de un civil y 5 policías acusados de “subversivos”, en los centros clandestinos D2, campo La Ribera y la Unidad Penitenciaria Nº 1. Una particularidad es que en este caso, 5 de las 6 víctimas aun están con vida, por lo que serán testigos claves de la causa.
Los hechos -causa UP1-
Entre los años 1974 y 1975 se realizaron en Córdoba numerosas detenciones, principalmente a militantes de organizaciones políticas que habían sido declaradas ilegales por parte del gobierno de Isabel Perón. Muchos de estos detenidos fueron alojados en la cárcel San Martín y todos quedaron a disposición de la justicia, por lo cual eran presos legales, reconocidos, visibles. Situación que contrasta con la clandestinidad con la que se realizaron la gran mayoría de las detenciones entre los años ´76 y ´83.
Luego del golpe de estado, el 2 de abril de 1976 llega a dicho establecimiento penitenciario la orden de colocar a estos detenidos en pabellones “especiales”. A partir de ese momento, ellos pasan a ser también detenidos “especiales”. La orden fue dictada por el General Juan Bautista Sasiaiñ, quien en ese momento era el jefe de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, dependiente del III Cuerpo de Ejército.
De este modo, los detenidos “especiales” fueron despojados de todos los derechos constitucionales con que cuenta una persona y continuaron siendo víctimas de torturas tanto físicas como psicológicas. Se les negó la representación legal por parte de abogados, fueron canceladas las visitas y recreos, pasaban las 24 horas del día encerrados en las celdas y se les prohibió ir al baño y hacerse de comer.
Al ser legales las detenciones existían registros de las mismas, lo que llevó a la organización represora a implementar lo que se conoce como “Ley de fuga”. De esta manera los detenidos eran trasladados desde la UP1 hacia alguna otra dependencia de las fuerzas y fusilados en el camino. Luego, se informaba que las muertes se debían a intentos de fuga de los detenidos o a enfrentamientos con grupos subversivos que intentaban rescatar a sus compañeros.
Bajo esta modalidad, entre el 17 de mayo y el 11 de octubre de 1976 fueron asesinadas las 31 víctimas que presenta esta causa. Además de una muerte por aplicación de tormentos.
Este tipo de accionar respondía a órdenes que bajaban desde los altos mandos militares ya que se necesitaba en todos los casos una autorización para realizar los traslados. Es por eso que en este proceso se juzga a Jorge Rafael Videla, Comandante el Jefe del Ejército y Presidente de Facto y a Luciano Benjamín Menéndez, Jefe del III Cuerpo del Ejército. Por debajo de ellos se juzga las personas que se desempeñaban en las áreas que Integraban el Estado Mayor, presidido en aquel entonces por el General Juan Bautista Sasiaiñ.
Dichas áreas eran: Personal (Grupo 1 o G1), Inteligencia (G2), Operaciones (G3), Logística (G4) y Asuntos Civiles (G5). Todos los que estuvieron involucrados en esas dependencias fueron cómplices del accionar represivo que se juzga en esta causa. Todo este accionar delineado ha dejado pruebas contundentes para la investigación, por lo que es una gran particularidad en el contexto de clandestinidad con que operó el gobierno dictatorial.
Para tener en cuenta
• Jorge Rafael Videla arribó a Córdoba el pasado sábado 26 proveniente de Campo de Mayo donde cumplía su arresto. Ahora, Videla está alojado en un pabellón de la cárcel de Bower y deberá permanecer allí hasta la conclusión del juicio.
• Ésta es la primera vez que el ex dictador es juzgado luego del histórico Juicio a las Juntas en 1985.
• Luego de que se dicte sentencia del juicio que se está llevando a cabo en Tucumán y que tiene a Menéndez como imputado, el próximo 8 de julio, las audiencias se llevaran a cabo en los Tribunales Federales de Córdoba los días martes, miércoles y jueves partir de las 9:30 horas en doble turno (mañana y tarde).
• Menéndez enfrenta en esta oportunidad su cuarta causa judicial por crímenes de lesa humanidad en la época de la dictadura. Tres de los cuales fueron dirimidos en la provincia de Córdoba.
• Debido al número de hechos que se juzgan y a la cantidad de testigos, alrededor de 150, el proceso podría durar entre 5 y 6 meses.
• El canal 10 de Córdoba será el encargado de transmitir en vivo y en directo las audiencias. Las instancias autorizadas por el tribunal para ser transmitidas serán la apertura, la lectura de acusaciones, el descargo de los imputados, los alegatos, las últimas palabras de los acusados y la sentencia.
• Los imputados en ambas causas son 31, donde 6 sólo se vinculan a la causa Gontero.
• Las víctimas en la Causa UP1 fueron 32, 31 directamente asesinadas y una murió debido a los tormentos sufridos.
• De las 6 víctimas de la causa Gontero, 5 se encuentran aun con vida y serán testigos preferenciales del proceso. De estas víctimas 5 eran policías al momento de la detención y el restante era un civil.
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