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Mediante un comunicado, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) de Córdoba manifestó que “es necesario, hoy más que nunca, una urgente reforma tributaria que la transforme en más progresiva, equitativa y no atente contra el consumo, la producción, servicios y comercio local”. Esta propuesta se inscribe en una lectura de que la provincia transita un contexto de “alivio sustancial de los compromisos de pago de la deuda pública hacia el Estado Nacional” y que, además, estaría registrando “un ingreso superior en más de $1000 millones a lo presupuestado para los primeros seis meses del año debido”.
Por ello, es que esta asociación empresarial plantea la necesidad de modificar “un sistema que está cimentado en tributos que se trasladan al consumidor” y que es muchísimo mayor “de los que gravan las manifestaciones de riqueza”.
“Nos alarma la negativa del ejecutivo provincial en discutir la reforma impositiva y la persistencia de una política de gastos, entre ellos, subsidios a sectores cuya actividad y rentabilidad no lo justifican; agravado esto, por la falta de efectividad de las políticas hacia las PYMES, entre ellas, ausencia de una verdadera ley de promoción de la actividad productiva y una real voluntad de instrumentar el compre pyme cordobés por parte del estado provincial y sus empresas”, asevera el comunicado.
Luego, consideran “inadmisible” que no se haya actualizado el impuesto al inmobiliario rural desde 1994 “garantizando irracionalmente esta inmovilidad a un sector, mientras a otros, que sostenemos la ocupación laboral a partir de agregar valor a nuestros productos, se nos agrede con incrementos de imposiciones, intrasladables fundamentalmente por parte del sector pyme”.
SIFCOS, una medida burocrática y coercitiva
En relación a la reglamentación del SIFCOS (Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad de Comercio y de Servicios), creado por Ley 9603 de octubre de 2009, Apyme reitera la postura de que es “una norma arbitraria e inconsulta aprobada entre gallos y medianoche y desempolvada luego de varios años de haber sido repudiada por la mayoría de los comerciantes por innecesaria, coercitiva y burocrática, que se superpone con las actividades de control y estadística, que normalmente no son tarifadas”.
Preguntándose a quién beneficia esta medida, la respuesta que brinda esta entidad empresarial es que serán los organismos empresariales oficialistas “que ya han recibido prebendas y las seguirán recibiendo”.
Por lo tanto, reclaman la suspensión inmediata de esta medida.
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