Por Mario Zonis

Una historia de mal paridos

En los últimos días del año 2003, Greenpeace calificó al entonces ministro de Economía Roberto Lavagna como “empleado del mes” de la semillera multinacional Monsanto, al facilitar la apertura del mercado argentino al cultivo de maíz transgénico resistente al glifosato.

La entidad defensora del medio ambiente cuestionó la falta de transparencia en los trámites que llevaron a la aprobación del cereal transgénico, denunciando al gobierno del doctor Duhalde de no consultar la medida con los entes idóneos capaces de preservar los intereses de la sociedad civil.

Sin embargo, se tuvieron en cuenta las opiniones de quienes tenían intereses económicos concretos.

Los esfuerzos de Greenpeace y otras entidades ambientalistas no recibieron ninguna respuesta a sus múltiples gestiones realizadas por ante la Secretaría de Agricultura de la Nación alertando sobre las consecuencias de la implantación de especies transgénicas en el sector.

En ese momento, Miguel Campos, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, parecía actuar como gerente de la empresa Monsanto.

El maíz transgénico fue introducido en el país a comienzos de 2001, lo que fue posible cuando Lavagna ignoró la franca violación de las normas de bioseguridad vigentes en la Argentina. Ninguno de los reclamos formulados por ante el Gobierno nacional tuvieron respuesta.

Monsanto distribuyó clandestinamente a varios productores semillas de máiz RR durante la ExpoChacra 2000. El gobierno jamás pudo determinar la ubicación de los lotes contaminados. En los primeros meses de 2002, se constató la denuncia del hallazgo en Suiza de ese maíz transgénico en productos alimenticios.

Monsanto, una vez más, puso en riesgo toda la producción de maíz exportable de la Argentina; ese tipo de producto no está aprobado en la Unión Europea. El compromiso de exportación era de un millón de toneladas de maíz.  Los perjuicios económicos para el país fueron considerables.

Se ha mencionado insistentemente el nombre de Alfredo Olmedo, el principal productor de soja del país, como el que financia las giras de Alfredo De Angelis y, aunque ambos los nieguen se los señala, junto con uno de los miembros de la familia Blaquier, como operadores de algunos “cortes históricos” de carreteras y puentes internacionales.

Monsanto, Syngenta y otras empresas internacionales son los responsables primarios de nuestros problemas de dependencia tecnológica, económica y política derivados de la eliminación de la biodiversidad. Sin embargo, el ingreso de los cultivos transgénicos es aprobado por el Estado argentino.

Allí, en el origen del problema, encontramos a los responsables. Los permisos deberían estar controlados por Conabia, Senasa y la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios. Cada expediente de autorización de los transgénicos llevan las firmas de funcionarios y asesores externos. Todos, sin excepción, tienen nombre y apellido.

Los funcionarios, burócratas y asesores, trabajan sobre un país ideal, no sobre la Argentina real, en donde la resistencia ambiental es la más baja de su historia y donde nosotros, en tanto ciudadanos habitantes, estamos expuestos a los plaguicidas, los cultivos transgénicos y la destrucción del medio ambiente.

Lamentablemente, nos ejercitamos  culpando a las multinacionales que ni se enteran pero, los venales, los mal nacidos, son argentinos, están ahí, junto a nosotros, disfrutando de sueldos y/o dietas sin ningún riesgo.

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