Por Mario Zonis

(CbaNoticias) En estos días, se ha dejado escuchar la voz del presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, reclamando la necesidad que tienen productores agropecuarios de ser eximidos del pago de las tasas municipales que, como es costumbre, alcanzan a todos los ciudadanos de la ciudad en tanto habitantes de ésta. Asímismo, el dirigente empresarial no ha dejado de reiterar el pedido de reducir la franja de quinientos metros que las normas sanitarias vigentes establecen como libres de fumigaciones con agroquímicos, contadas desde el frente de las viviendas habitadas linderas con los campos agrícolas.

Que los empresarios agrícolas paguen o no las gabelas por los servicios que reciben de la Municipalidad, tiene relación con el singular maridaje creado entre unos y otros, a partir de la adhesión y cooperación activa prestada por las autoridades municipales al sector agrario en los tiempos de los reclamos de éste para impedir la aplicación de la resolución 125.

En cambio, la pretensión de reducir el área de protección de las fumigaciones tiene características genocidas y ecocidas.

Desde hace catorce años, vivimos los argentinos la emergencia de un nuevo problema socioambiental debido a la invasión territorial originado en la imposición del monocultivo de soja transgénica de la mano de Monsanto, por un grupo de terratenientes y asociaciones empresariales de siembra.

Los impactos de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la poca producción de alimentos, las inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, son noticias habituales, aunque sólo aparecen en algunos medios alternativos. La visión fragmentada de la realidad es considerada por los otros medios como “fenómenos naturales”.

Pensemos que más del cincuenta por ciento de la superficie agrícola cultivada del país, casi veinte millones de hectáreas, es de soja transgénica. Prácticamente el ciento por ciento de la soja que se cultiva es transgénica y resistente al herbicida glifosato (SOJA RR). La SOJA RR es propiedad de Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo y dueña del glifosato. Esta multinacional controla el noventa por ciento de las semillas transgénicas comercializadas en el planeta.

En la campaña agrícola anterior se aplicaron cerca de doscientos cincuenta millones de litros sobre toda la superficie sembrada con soja en nuestro país. En 1996, se utilizaron trece millones novecientos mil litros.

El producto comercial cuyo activante es el glifosato (Roundup) contiene otros elementos que aumentan enormemente su toxicidad, especialmente el surfactante poea (polioxietil), con una toxicidad mayor de la del glifosato de hasta el quinientos por ciento.

El uso intensivo del herbicida ha provocado la aparición de malezas que le son resistentes, algunas muy difíciles de controlar, lo que provoca inquietud en el sector. Ello ha llevado a la producción de un nuevo producto el dicamba, mucho más tóxico que el glifosato.

Se utilizan, además, otros herbicidas y agrotóxicos para controlas malezas y plagas del monocultivo de la soja. La siembra directa necesita la aplicación de otros herbicidas antes de su siembra: unos veinticinco millones de litros de 2-4-D; siete millones de litros de atrazina y unos siete millones de litros de endosulfán.

Esta catarata de tóxicos produce efectos desvastadores sobre la salud de la población, animales domésticos, cultivos alimenticios; contaminando suelos, cursos de agua potable y el aire de toda la extensión del cultivo de soja. Son miles los casos denunciados por distintas organizaciones e investigadores en las cuales se ha documentado extensamente el impacto de los agrotóxicos en las comunidades y sus producciones.

Algunas denuncias fueron efectuadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quiénes solicitaron por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prohibición de la fumigación con glifosato. En San Francisco, un grupo de caracterizados vecinos logró que el espacio libre de fumigación en los barrios de viviendas linderos con los campos fuera de 500 metros, tal como lo señalamos más arriba.

Por falta de suficiente espacio en otra nota abundaremos con el tema. Sin embargo, nos permitimos algunas consideraciones sobre los efectos de los agrotóxicos sobre los seres vivos y sus pertenencias materiales.

Desde luego, como suele ocurrir en nuestro país, no hay estadísticas oficiales de las personas víctimas involuntarias por el uso de los agrotóxicos. Sin embargo, informaciones no oficiales, establecen que la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), la obra social del personal de la provincia de Córdoba, destacan que en los últimos dos años (2008 y 2009) el incremento por tratamientos autorizados por distintos tipos de cáncer fue del treinta y cinco por ciento.

En el Instituto Roffo, de la Capital Federal, especializado en el tratamiento de pacientes afectados de cáncer, menciona que hay un aumento notable de casos de personas domiciliadas en provincias sojeras que presentan lesiones en la piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas, luego de un período variable de exposición a los agrotóxicos.

Lo que se ve en los consultorios es, además de las alergias severas, los cuadros de hipertiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas, por ejemplo, que superan cualquier casuística conocida.

El efecto endocrino  de estos herbicidas está largamente demostrado, generando enormes alteraciones y disfunciones sexuales. Los casos de esterilidad femenina y masculina han mostrado un notable incremento en los últimos años.

Merece un análisis posterior el uso de “los chicos bandera”, menores usados en los campos de soja para marcarle a los aviones los límites de fumigación.

Probablemente, el caso más emblemático sea el de barrio Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba, donde la cantidad de afectados (hombres, mujeres y niños) llevó a la población a un situación de airada protesta contra sus verdugos y asesinos.

Por su parte, los vecinos de San Jorge, provincia de Santa Fe, lograron que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala segunda, prohibiera las fumigaciones con agroquímicos en los campos de soja cercanos al barrio Urquiza, de la citada localidad.

No es con advertencias fuera de tono o amenazas como los responsables de envenenar a nuestro pueblo harán callar a quién esto escribe, víctima, a su vez, de quiénes nada les importa salvo ganar su maldito dinero.

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