Por Esteban Torino

(Cba Noticias) Todos los años, llegada esta época es tema de arduos debates. Y es que, efectivamente, el  Presupuesto estipulado para la Provincia no podía pasar desapercibido. Así es que finalmente ayer la Legislatura Provincial aprobó el proyecto de ley para 2010. No sin oír críticas y reclamos por parte de la oposición y de quienes serán los principales perjudicados.

Lo cierto es que a la presentación del presupuesto general de la administración pública provincial 2010, efectuado por el Ministro de Finanzas de la Provincia, Ángel Elettore, se sumaron modificaciones al Código Tributario y a la Ley Impositiva 2010. Así es que entró en cuestión en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Unicameral.

Dentro de lo que fueron las principales críticas a la medida se encontraron: la previsión de un  crecimiento en la recaudación en 775 millones de pesos, que provendrán del aumento del Impuesto a los Ingresos Brutos, de Sellos y del Inmobiliario Urbano. Por otra parte, fue fuente de fuertes reclamos, la previsión de la pauta de ajuste salarial de sólo un 8, 8% para el sector público. Desde su postura, el oficialismo se respaldó en el argumento de que esta planificación fiscal le dará una mayor autonomía a la Provincia frente a la Nación.

Presión impositiva

Inmobiliario Urbano. Se prevé un revalúo fiscal de las propiedades urbanas. Según explicó el Ministro Elettore, “tendrá un aumento promedio del 19% y la suba alcanza al 48% de la población que reside en las zonas más valorizadas”. Por esta medida, desde el Gobierno se estima recaudar 50 millones de pesos, de los cuales 40 millones irían a un fondo específico que permitirá comprar computadoras e Internet en todas las escuelas provinciales y el resto se coparticipará con los municipios.

Inmobiliario Rural. No sufrirá aumentos, sino que la Provincia propone cobrar los 50 millones que no se pagaron en el presente período. Así, el campo aportaría 250 millones de pesos, de los cuales 120 irían a un fondo que se destinará al mantenimiento de los caminos secundarios y terciarios y otros 50 para los gasoductos troncales.

Ingresos Brutos. Su alícuota ascendería de un 3, 5% actual a un 4%. Fue uno de los más resistidos por los industriales, que aseguran impacta directamente en la competitividad del sector, y en la provincia en general. Este punto en particular fue atenuado por la Legislatura ya que no alcanzará a las Pymes.

Sellos. Anuncian una armonización con Santa Fe, lo que significa un incremento en las alícuotas. De este aumento se planea un fondo específico de 25 millones que se utilizarían para la construcción de nuevas aulas y otro fondo de 50 millones destinados al mantenimiento de las rutas asfaltadas.

Actividad financiera. Actualmente paga un 4, 5% y subirá hasta un 60%.

Ajustes y novedades

Pauta salarial. Se anuncia sólo un reajuste del 8, 8% para todo el año, en función de la inflación planteada en el presupuesto nacional, que se toma como parámetro. Esta cuestión fue de las más resistidas por los gremios de empleados públicos y docente.

Obras hídricas. Desde la oposición se objetó una reducción en la asignación.

Policía. Se plantea la incorporación de 3 mil policías.

En líneas generales, los números que maneja el Gobierno son por demás optimistas. De este modo, Elettore afirmó que el presupuesto “mantiene el equilibrio con el superávit primario para que la Provincia continúe siendo sustentable a través del tiempo y conserva un fuerte ahorro corriente que permite que los ingresos corrientes se destinen a los gastos corrientes y una parte hacer obras públicas”. En este sentido, se prevé un ahorro corriente de más de mil millones de pesos, con un superávit primario de 300 millones.

Los legisladores finalmente definieron el destino de los cordobeses, por lo menos en los papeles. Bien se sabe que una medida de este tipo es crucial para definir el futuro de la Provincia, que transita tiempos difíciles en materia de finanzas. La pregunta se abre en torno a la mayor o menor dependencia de la Nación. Y, por otra parte en qué números se tuvieron en cuenta para armar el proyecto.

Y finalmente el vaticinio del oficialismo surtió efecto, la medida se aprobó el 25 de noviembre, sólo con modificaciones atenuadas.